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Plan Integral de Seguridad

La creación del Consejo Asesor de Políticas de Seguridad Pública (CAPSP) surgió en el marco de la Ley Provincial N° 6.653 (Publicada en el Boletín Oficial 30 de diciembre de 1998) como producto de una reforma integral al sistema de seguridad provincial que, como política de estado, se llevó a cabo en aquellos años.

La mencionada ley, en su artículo segundo establece cuales son los objetivos del Consejo Asesor por ella creada, en los siguientes términos: “…el estudio y la investigación de la problemática de la seguridad pública, así como la elaboración de propuestas en la materia. Realizará también el análisis del proceso de reforma del sistema provincial de seguridad pública”. Con éste instrumento es que por primera vez la provincia de Mendoza cuenta con un organismo, el Consejo Asesor, para que aborde la problemática de la seguridad en su verdadera dimensión, dejando de la lado la simplista equiparación; seguridad igual a policía.
Tan importante y compleja tarea no podía quedar en manos de unos pocos, más teniendo en cuenta que la demanda de seguridad es un tema que figura en la agenda de todos los países democráticos del mundo, a la que no puede ni debe escapar nuestra Provincia de Mendoza.
La población se encontraba sumida en un esquema de preocupación constante y en virtud de ello, exigía respuestas eficaces a una situación que a más de escapar de las manos de la policía, era considerada como cuadro de crisis institucional, social y político.
Así las cosas, comenzamos esta nueva etapa en la convicción de que cualquier respuesta a la necesidad de mayor seguridad debe conjugar una serie de acciones donde la participación de todas las partes integrantes del Estado y la Sociedad Civil, tienen que decir presente. Fue así que convocamos representantes de los tres Poderes, de los Municipios, de los Partidos Políticos, de ONG, de las Universidades, y de todos aquellos sectores que debían participar en la discusión primero y armado luego de las necesarias y hasta ese momento escasas políticas de seguridad para la Provincia de Mendoza.
Esta tan amplia convocatoria la realizamos en virtud de considerar que el delito como fenómeno social, se origina en múltiples factores entre los que podemos mencionar a la desigualdad social, el desempleo, el desmembramiento de la familia, la drogadicción, la degradación del espacio público urbano, la descomposición del tejido social, la desestructuración del sistema educativo y el deficiente funcionamiento de las instituciones de seguridad entre otros. De los factores mencionados, se desprende correlativamente, que la policía es sólo uno de entre los variados aspectos que influyen sobre las tasas de criminalidad y el temor de la población, lo que plantea obvios problemas para los que pretenden plantear soluciones reduccionistas en sentido monista. Mediante la generación de esquemas de articulación y cooperación entre las distintas áreas del gobierno nacional, provincial y municipal, haremos de la universidad, el club, la iglesia, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y las empresas, nuestros socios estratégicos en la dura tarea de prevenir el delito.
Sobre la base del Plan de Seguridad desarrollado por la Universidad Nacional de Cuyo en al año 2003, el cual coordiné conjuntamente con la Magíster Rosa Fader, Secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de Cuyo; como asimismo del estudio y análisis de numerosos documentos y bibliografía del ámbito provincial, nacional e internacional referidos a la temática, sumado a la colaboración de especialistas en la materia, comenzamos la tarea de elaborar un Plan Integral de Seguridad para la Provincia de Mendoza.
Hemos trabajado partiendo de un diagnóstico de situación desde diferentes ámbitos y con los más diversos actores académicos, científicos, técnicos y funcionales, recorrimos el camino hacia la proposición de estrategias de solución a corto, mediano y largo plazo que, consideradas integralmente, buscan favorecer el cambio cultural necesario para promover un desarrollo del valor seguridad, sin apartarnos de la necesaria dosis de equidad y respeto por los derechos sociales, económicos, humanos y culturales que todo cambio debe contener en virtud de los principios democráticos que fundamentan nuestro ordenamiento jurídico institucional.
Pretendemos dar una respuesta dinámica, polisectorial y multidisciplinaria, que atañe al ciudadano en general. Prestigiosos estudios  sostienen que el origen de la generalización del miedo encuentra su base en la mercantilización de las instituciones jurídicas, generadora de riesgo objetivo y de constante crecimiento de la tasa de vulnerabilidad frente a los mensajes distorsivos de los medios masivos, generando la rémora de la pérdida del canal de comunicación intergrupal, dando por resultado una trasgresión constante. Más aún se afirma que el marco actual de inseguridad se profundiza debido a que, de alguna manera, todos transgredimos y algunos suben otro escalón hacia la delincuencia.
En esta línea de pensamiento, podemos atrevernos a sostener que la seguridad como valor a alcanzar, viene dada por la capacidad de los sistemas comunitarios para generar condiciones que favorezcan el disfrute de los derechos y libertades y el desarrollo de la actividad gestada por la autodeterminación personal, que respete el orden jurídico y el derecho de terceros, con el propósito de hacer más eficaz la acción pública destinada a lograr la paz social. Dicha idea deberá asociarse necesariamente a los principios de libertad, justicia social, participación ciudadana e igualdad de oportunidades.
La política criminal como herramienta que contribuye a la clarificación del objeto del CAPSP, nos aportó criterios para que las autoridades ministeriales actuales o futuras puedan abordar el tema de la criminalidad sobre bases sólidas. Nuestro objetivo primordial fue contribuir a fijar políticas que tiendan a una adecuación tanto de la realidad social, política, legal, judicial penitenciaria para atender las necesidades de defensa que la sociedad presenta frente al delito. Las políticas sugeridas también se orientan a ser concretadas como medidas que deben tomarse para la mejora del estado de inseguridad. Nos nutrimos de la criminología y de todos aquellos aportes como la doctrina y la jurisprudencia penal, la experiencia carcelaria, la política social y la técnica legislativa, a fin de cumplir la función encomendada.
En este sentido, compartimos la idea de que el derecho no puede permanecer separado de la política, tal negación sería estrecha y reduccionista en su concepción, por tanto la política criminal viene a dotar de contenido a ese vacío, trasuntando el campo de la interdisciplina que apunta al asesoramiento previo al dictado de leyes con fines manifiestos y realizables alejándonos de la arbitrariedad criminalizante.
Pero todo el trabajo desarrollado con el esfuerzo de muchos no se concretará ni obtendrá logros sin el compromiso de acción conjunta de los tres poderes, los partidos políticos y la sociedad toda.
PORTADA Y TEMARIO GENERAL.pdf
RESEÑA DOCUMENTACION CONSULTADA.pdf